El principal órgano de consulta de las administraciones públicas en Baleares, el Consell Consultiu, avala la decisión del actual Govern que preside Marga Prohens (PP) de declarar nulo de raíz y en su integridad el contrato investigado en el caso Koldo y adjudicado en mayo de 2020 por el Ejecutivo autonómico que presidía Francina Armengol (PSOE) a una empresa ahora investigada por presunta corrupción.
El alto organismo de consulta, integrado por diez juristas de Baleares y presidido por Felio Bauzá, que ha sido además el ponente del dictamen, concluye que el procedimiento de urgencia que se siguió para adjudicar a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo SL (ahora investigada en la Audiencia Nacional por el presunto reparto de comisiones) incurrió en causa de nulidad.
Y que, por tanto, puede ser anulado completamente, abriendo la puerta a una reclamación íntegra de los 3,7 millones de euros abonados a cambio de un millón y medio de mascarillas que resultaron inservibles para el fin para el que se adquirieron y que nunca se llegaron a emplear.
El dictamen, de 38 páginas y que ha cosechado un voto particular discrepante firmado por dos de los miembros del Consejo, considera que esa nulidad puede ser declarada debido "a la falta de capacidad de la empresa" adjudicataria "para contratar el suministro objeto de dicho contrato". Del mismo modo, debido a que la adjudicataria no tenía "la solvencia técnica adecuada para llevarlo a cabo".
Esta resolución era preceptiva y necesaria para que el Gobierno de Prohens pudiera poner en marcha de oficio (sin requerimiento externo) una reclamación íntegra del dinero público total que el gobierno de Armengol pagó a la empresa de las mascarillas. Una empresa vinculada a Koldo García, uno de los principales implicados en el caso y asesor del Ministerio de Transportes del que era titular el socialista José Luis Ábalos.
La emergencia
El informe del Consultiu señala que a pesar de que la contratación pudo hacerse bajo el paraguas de la situación de emergencia, esa tramitación "no significaba que no resultaran exigibles los requisitos sustantivos y garantías" recogidas en la legislación de contratos.
La resolución concluye que en el momento de la adjudicación del contrato la empresa proveedora de las mascarillas "no tenia capacidad de obrar exigible para realizar la actividad" ni disponía de "la autorización administrativa previa para ejercer dicha actividad".
Añade asimismo que "en el momento de la adjudicación la contratista no ha acreditado que cumpliera con el requisito de solvencia técnica" que exige la ley para contrataciones como aquella, orquestada a través del organismo público de Salud del Govern balear (IB-Salut).
Voto particular
El voto particular y discrepante firmado por dos de los diez miembros del Consell se aparta de esas conclusiones.
Contrapone que el procedimiento fue "impecable", que hay que atender al contexto sanitario en el que se ejecutó (en pandemia por Covid-19) y que la nulidad sólo podría dilucidarse en el ámbito penal, en caso de que los tribunales consideraran que se cometió algún delito.