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Que la norma se presentara como proposición de ley y no como proyecto de ley, esquivando así el paso por los órganos consultivos, ya hizo "saltar todas las alarmas" entre los juristas. Y, tras leer el texto pactado entre PSOE y Junts, estos confirmaron sus sospechas. Magistrados eméritos del Constitucional y catedráticos de Derecho consultados por EL MUNDO coinciden en el veredicto: la delegación de competencias estatales en materia de inmigración a Cataluña, en los términos en que se ha recogido, es "inconstitucional".
Este fallo lo sustentan en lo que dicta el artículo 149 de la Carta Magna: "El Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo". No hay mención alguna a este enunciado en el texto acordado por PSOE y Junts, que sin embargo se amparan en lo que fija el artículo 150 para defender su legalidad: "El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".
Para Roberto Blanco, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, agarrarse a esta cláusula para validar la cesión de potestades migratorias a Cataluña representa un "abuso sangrante del artículo 150". Los juristas consultados reconocen que el redactado de ese enunciado es "muy amplio" y puede dar pie a debate en otras materias, pero consideran que no es el caso de los asuntos migratorios que, por ser especialmente sensibles, no se pueden entender como "susceptibles de delegación". Así lo argumenta Teresa Freixes, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, que además apunta que la propia Constitución, a la vez que fija en qué asuntos no son transferibles las competencias, abre la puerta a ciertas excepciones en materias como Seguridad Social y trabajo, pero nunca en inmigración.
Asimismo, destaca el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Jorge Rodríguez-Zapata, la jurisprudencia también apunta a la inconstitucionalidad de delegar potestades migratorias en una CCAA. De hecho, en la sentencia del Estatut de Cataluña, la corte de garantías sostuvo que solo son susceptibles de cesión las competencias de carácter asistencial y social, pero no otras como la expulsión de inmigrantes, que ahora PSOE y Junts pretenden dejar en manos de la Generalitat.
Este punto es, a juicio de los juristas consultados, el que más "problemas" presenta. El catedrático Julio Banacloche, de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que, al cederse a Cataluña la competencia para gestionar las expulsiones, se abre la puerta a que la comunidad "tenga una política propia en esta materia". Y esto lo ve un "disparate", pues permitiría que por los criterios que se echa a una persona llegada irregularmente a Cataluña no se hiciera lo mismo en otra región. Además, los juristas reconocen que, si se concede esta cesión a la Generalitat, otras CCAA podrían pedirlo también. "Se estaría vulnerando el sistema de competencias establecido por la Constitución sin reformarla", advierte Blanco.
La redacción de la proposición de ley, apuntan los expertos, intenta amparar su legalidad en lo que recoge el artículo 150. Además, explica el catedrático Manuel Pulido, de la Universidad de Valladolid, el texto pactado incluye cláusulas "preventivas" -como que las expulsiones deban ser aprobadas por la Junta de Seguridad de Cataluña, en la que están Policía y Guardia Civil-, para sortear el veto a la cesión de competencias migratorias que establece la Carta Magna. Pero, aun así, los juristas ven "difícil" que pase los filtros constitucionales.