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Los medios y la política certificaron a toda velocidad que la ex comercial zaragozana de Tecnocasa E.C., de 23 años, había sido drogada y violada por un compañero en una masiva y festiva convención de la firma en Santander el pasado 14 de junio.
La Sexta, Telecinco y El País llevaron la denuncia de la mujer a sus telediarios y su portada, dándole carta de verosimilitud, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz (Sumar), se apresuró a hacer lo mismo en X (antes Twitter) -«no estás sola», escribió, dirigiéndose a la denunciante-, y solicitó además a la inspección, como ministra de Trabajo que es, que indagase en las causas del despido de la mujer. Luego llegaron las instituciones, siempre un tanto paquidérmicas, pero con el aburrido poso de siglos. Y la cosa giró 180 grados.
La primera, la Policía, detectó graves e insalvables fugas en el relato de la supuesta víctima: testigos la vieron haciendo todo lo que ella misma había negado al denunciar (drogarse y tener sexo con varios de los presentes), e incluso la escucharon alardeando de que había ayuntado con el hombre al que luego denunciaría.
Los agentes recabaron incluso imágenes de mensajes de WhatsApp en que ella presumía de la cantidad de cocaína, benzodiacepinas y THC había consumido ese fin de semana, y otras de vídeo en que la mujer llegaba con absoluta normalidad, y sin rastro alguno de estar drogada, al hotel en que supuestamente se produjo pocos minutos después la violación.
Ni allí ni en el cuerpo de la presunta víctima parecía haber rastro de sumisión química ni de violación, como certificaron luego los forenses, que emitieron varios informes para desmenuzar cada detalle de la investigación y no dejar cabo sin atar.
Y a la misma conclusión llegó la jueza Prado García, que archivó la semana pasada la denuncia, como ella misma escribió en su auto de archivo, «tras una extensa y minuciosa instrucción, en la que se han llevado a cabo todas las diligencias que se han considerado precisas para el esclarecimiento de los hechos, tanto de oficio como interesadas por las partes, sin ahorrar ninguna e incluso siendo generosos con el único fin de poder tomar una opinión que estuviera totalmente formada y fuera rigurosa».
Archivar hoy definitivamente una denuncia por agresión sexual -y no dejarla cerrada provisionalmente, por si aparecieran pruebas nuevas- no es habitual en la judicatura española. La sociedad está decidida a perseguir la violencia de género y las autoridades se cercioran, muy lógicamente, de no dejar a ninguna posible víctima atrás -en un delito, por otro lado, muy difícil de probar-.
Y ahora es la Fiscalía la que certifica que no existió violación alguna, y apoya textualmente no sólo el archivo de la denuncia de E.C., quien aseguró haber despertado con evidencias de haber sido violada y no haber tomado más que «un ron cola que sabía raro» -es decir, al que alguien había añadido algún tipo de droga para someterla- aquella noche en el pub Rosé, sino que se abra procedimiento contra ella por denuncia falsa.
Que se la persiga, en definitiva, por inventarse la violación. Como había pedido insistentemente Fernando Pamos de la Hoz, abogado del denunciado.
«El Ministerio Fiscal está en absoluta conformidad con el fondo del auto recurrido al entender que de las diligencias practicadas no se han desprendido indicios de la comisión de la agresión sexual denunciada. Mostrando, también, la conformidad a la deducción de testimonio expresada», dice la Fiscalía, en el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO -y adoptando una posición expeditiva no habitual en el Ministerio Público, dependiente de Justicia y con orden de perseguir cualquier presunta violencia sexual-.
La toma de postura, que no sorprende en una causa en que la fiscal sólo asistió a la declaración judicial de la denunciante, se produce en el recurso de la Fiscalía al archivo. Un recurso más formal que otra cosa: el Ministerio Público dice que la juez debería haber transformado las diligencias previas en procedimiento sumario, por la gravedad de la posible pena (nueve años de cárcel) y por las pruebas pedidas, antes de archivar. Cosa que, sostiene la Fiscalía, aún así había que hacer, así como enviar el testimonio de la mujer al juzgado para investigarla por delito contra la Administración de Justicia. Es decir, por denuncia falsa.
E.C., que dice poder probar que sufre estrés postraumático, y que ya antes de los hechos se medicaba por un trastorno depresivo, también ha presentado recurso al archivo. La joven pide nuevas pruebas, como un análisis de pelo para acreditar que no es consumidora habitual de drogas, de lo que fue tachada por algunos testigos e incluso, de alguna forma, por sí misma en mensajes de WhatsApp. También alega que no puede ser consumidora habitual de estupefacientes por ser donante de sangre.